El texto analiza cómo la crimigración se ha convertido en un marco central para entender la fusión entre políticas migratorias y lógica penal, lo que permite a los Estados tratar la movilidad humana como un asunto de seguridad. Este entrelazamiento legal y simbólico deriva en la criminalización de migrantes, la ampliación de prácticas punitivas y la legitimación social de medidas restrictivas.
