Los cambios en las agendas de seguridad de Colombia entre 1991-2002 obedecieron a prácticas políticas que justificaron el uso de respuestas excepcionales, las cuales estuvieron marcadas por las siguientes características: primero; la iniciativa militar en coordinación con las autoridades civiles para elaborar las agendas de seguridad; segundo, la ausencia de una ley de seguridad y defensa y tercero, el trato militar que se le dio a la combinación de amenazas relacionadas con el narcotráfico, la lucha guerrillera y los grupos paramilitares.