En el contexto penitenciario colombiano se encuentran numerosas barreras para el acceso efectivo a los servicios de salud, toda vez que es de conocimiento general la inadecuada infraestructura, desarrollo productivo, exposición a enfermedades infecciosas y crónicas no transmisibles, y la poca visibilidad de la normatividad vigente para las personas privadas de la libertad.
El propósito de esta investigación tuvo como objeto analizar de forma descriptiva la información y normatividad nacional e internacional vigente, a cerca del modelo de salud en el marco del sistema general de seguridad social en salud para la población privada de la libertad, su funcionamiento y financiación, a su vez de manera comparado con el modelo de salud penitenciario en el país de Chile.
Como resultado de la investigación, se encuentra que no existen indicadores consolidados para valorar la real cobertura y calidad de la atención sanitaria que se presta a la población privada de la libertad en Colombia, es decir, los procesos de tercerización que caracteriza al Inpec para atender las necesidades de salud de sus reclusos, está a gran distancia de superar las recomendaciones y exigencias que en materia de derechos humanos y fundamentales las Altas Corporaciones y numerosos entes internacionales han dictaminado al respecto.