Descripción
La privación de la libertad de las madres cabeza de familia es un problema social de extrema relevancia en nuestra sociedad. Por un lado, el simple hecho de ser mujeres las expone a grandes barreras de desigualdad y, por otro lado, al estar en situación de reclusión, se ven expuestas a tratos injustos y a una falta de equivalencia de oportunidades dentro de los establecimientos de reclusión. A esto se le debe sumar la condición de cabezas de familia, la cual, aunque resulta ser una particularidad excepcional, es de hecho más común de lo normal, pues el 75% de las mujeres privadas de la libertad se caracterizan con esa condición (Sánchez, et. al. 2018).
A pesar de que las penas privativas de la libertad son de carácter personal, estas generan efectos jurídicos directos sobre los hijos menores de edad (entre los cero y tres años) que en algunos casos conviven con ellas dentro del establecimiento de reclusión. Teniendo en cuenta que los menores son protegidos especialmente por mandato constitucional, se vuelve vital conocer con precisión los distintos efectos que se pueden generar sobre ellos a causa de la reclusión de la madre cabeza de familia y la forma en la que el ordenamiento jurídico colombiano los protege en esa particular situación, en aras de garantizar el interés superior del menor.