Colombia en armonía con las pautas internacionales en materia de protección a las personas en estado de discapacidad e incapacidad, promulgó la Ley 361 de 1997 que en su artículo 26, crea una estabilidad laboral reforzada o fuero de salud, en aras de restringir la posibilidad de despido injustificado; disposición normativa que ha generado interpretaciones encontradas por parte de la Corte suprema de justicia y de la Corte constitucional. En atención a lo anterior, el presente trabajo, previa revisión de la literatura disponible en el ámbito nacional e internacional, describe y analiza las posturas asumidas por las Altas cortes, para entrar a establecer su incidencia, de cara a la procedencia del despido con justa causa. Así pues, encontramos que la postura asumida por la Corte constitucional constituye un avance en términos de protección de los derechos de los trabajadores en esta situación, pero su falta de limitación ha generado un abuso del derecho y una restricción a los empleadores frente a las facultades de terminación del vínculo laboral que la Ley les atribuye, por lo que, desde nuestro punto de vista, la interpretación actual de la Corte suprema de justicia es más acertada. En consecuencia, se proponen soluciones en pro de mantener la protección que se ha desarrollado a favor de este grupo poblacional.