A comienzo de los noventa, Colombia, el tercer país con mayor población en
Latinoamérica, implementó una profunda reforma de su sistema de salud. Se creó un
seguro universal de salud. Este sistema recauda fondos de manera central, y paga una
cantidad de dinero per-capita ajustada por riesgo a entidades que compiten entre sí por
adiliados. Estas entidades privadas son responsables por asegurar acceso a un paquete de
servicios de salud básico y definido por ley. El caso aquí presentado estudia cómo se
manejó la epidemia de VIH/SIDA en Colombia en el contexto de la Reforma a la Salud.
La inclusión de Antiretrovirales (ARV) en el paquete básico de salud se constituyó en un
mecanismo poderoso para asegurar el acceso a tratamiento. Los resultados son menos
claros y en cierta medida desesperanzadores en lo que corresponde a actividades de
prevención. Una preocupación mayor de la política pública en enfermedades
catastróficas, incluyendo el VIH/SIDA, es la selección de afiliados según su riesgo por
parte de las entidades que compiten en el sistema. Recientemente se han tomado medidas
para corregir este problema. El país ha introducido innovaciones en el sistema de compra
de servicios de salud (diferentes a pago por evento) que parecen haber mejorado
desenlaces y bajado costos. En años recientes, el sector judicial ha jugado un rol
crecientemente importante en el sistema de salud, al obligar a las entidades del sector a
proveer servicios de salud no incluidos en el paquete básico para VIH y otras patologías.
Como consecuencia la sostenibilidad financiera del sistema se ha visto comprometida.
Este caso de estudio ofrece lecciones para el manejo adecuado de enfermedades crónicas
en otros países de niveles de ingreso bajo y medio, especialmente aquellos con planes de
salud basados en competencia y/o separación entre quien paga y presta los servicios.