Durante las últimas décadas, se ha presentado una serie de migraciones de pueblos indígenas, las cuales, por motivos de desplazamiento forzado, por conflicto armado, explotación minera o económico-social, han llegado a la ciudad de Bogotá en condiciones económicas, políticas y sociales adversas, dentro de una dinámica urbana que en muchos casos conforma barreras que generan exclusión social e incrementan los niveles de vulnerabilidad. El Estado Colombiano reconoce a los indígenas como minorías étnicas y declara la obligatoriedad de proteger su diversidad como patrimonio cultural del país. Este reconocimiento, introduce simultáneamente, un conjunto de derechos particulares y diferentes, acorde con su contexto cultural, en el cual se dinamiza una construcción de identidad en relación a los elementos propios y característicos de estos pueblos. Sin embargo, a pesar de poder observar un reconocimiento estatal de las comunidades indígenas que han migrado a la capital, a través de la implementación de los programas y políticas que intentan atender a sus problemáticas centrales, aún podemos observar altos índices de pobreza y altos grados de vulnerabilidad.