El presente documento gira en torno a dos elementos: el Estado de cosas inconstitucional declarado en la sentencia T-025 de 2004, y el desplazamiento forzado en Colombia. Por un lado, el Estado de cosas inconstitucional (ECI), entendido como un mecanismo para la protección de derechos fundamentales, y, por otro lado, el desplazamiento forzado, como una de las problemáticas más relevantes en el país, en tanto su permanencia como dificultad a lo largo de la historia reciente de Colombia.
Así, este trabajo centra su atención en los efectos de la sentencia T-025 de 2004 en la población desplazada en el país. Específicamente, este trabajo se fija en los efectos del Estado de cosas inconstitucional al interior del Estado, con ocasión de la creación del Consejo Nacional de Atención Integral a la población Desplazada. Partiendo de este objetivo general, este documento también resalta la posibilidad que implica un Estado de cosas inconstitucional, para agendar y acrecentar la importancia de ciertas comunidades desfavorecidas, tanto en el caso de los migrantes internos por razones del conflicto, como en otros grupos relevantes, dentro de los cuales se destacan: población carcelaria, firmantes del acuerdo de paz, defensores de los derechos humanos, entre otros.