Descripción
El derecho fundamental a la defensa se ofrece en Jalisco a través de la Procuraduría Social. Esta institución se encarga, por un lado, de ofrecer representación legal en asuntos de orden familiar, laboral y civil (representación social), así como de ofrecer una defensa técnica y adecuada a todo aquel ciudadano que, imposibilitado para pagar un abogado de su confianza, le sea imputado un delito del orden penal (defensoría pública). En sí, esta institución es el canal de acceso a la justicia para la población más pobre. En un estado como Jalisco, y de acuerdo con el reporte “Pobreza 2014 en Jalisco” del CONEVAL, estamos hablando que sólo el 27.1% de la población clasificada como “No pobre y no vulnerable” estaría en posibilidades de elegir y pagar su propio abogado, mientras que el 73% restante muy probablemente tendrá que esperar a que se le asigne un defensor por parte del Estado por contar con algún tipo de vulnerabilidad (pobreza moderada, extrema, carencia sociales o de ingresos). ¿Qué retos enfrenta actualmente la defensoría pública en Jalisco para ofrecer una defensa adecuada? A pesar de la relevancia de esta institución, los estudios sobre ella son pocos y centrados en la descripción del marco jurídico. En este capítulo muestro la situación en la que opera la procuraduría social en Jalisco en dos vertientes: condiciones laborales y profesionalización de los de los defensores públicos. Centro el estudio en el área denominada defensoría pública, con el objetivo de valorar su papel al ofrecer una defensa técnica y adecuada a la población más vulnerable acusada de la comisión de un delito, así como mostrar los retos que derivan de las carencias actuales de la defensoría de oficio para el Estado de derecho en la entidad. Este trabajo se basa en la revisión documental de textos legales y trabajos académicos, así como 14 entrevistas con defensores públicos del área penal en Jalisco.
