Descripción
Jalisco sufre de condiciones alarmantes que propician las prácticas de tortura por parte del personal adscrito a las instituciones de seguridad municipal y estatal, particularmente la dedicada a la procuración de justicia. Esto lo demuestra el número de inconformidades presentadas por quienes han sufrido tortura ante el organismo público local de derechos humanos. En la Encuesta Nacional de Población Privada de Libertad 2016, publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, se revela que las violaciones al debido proceso a la integridad física y psicológica en Jalisco durante la etapa de investigación supera la media nacional. Sin embargo, poco o nada se ha escudriñado la acción y desempeño del aparato de justicia local en torno a los procesos de justicia relacionados con la tortura. Es por ello, que se consideró relevante un estudio de caso para analizar la argumentación de una sentencia en materia criminal donde el imputado alegó ser víctima de actos de tortura para auto inculparse del delito de homicidio calificado. El análisis argumentativo de esta sentencia (en Jalisco) fue a su vez comparada con la sentencia dictada por un juez de primera instancia penal (de Culiacán), en donde la persona imputada alegó igualmente haber sufrido diversos tipos de tortura que la llevaron a auto inculparse.
