Descripción
Desde la década de los noventa del siglo XX, los gobiernos en México comenzaron a gastar grandes sumas de dinero en estrategias de mercadotecnia política que incluía la promoción de las obras de las administraciones en curso, así como del desarrollo del posicionamiento mediático de los gobernantes en funciones. Por ello se reformó el artículo 134 de la Constitución Política de México, en la que expresamente se prohibió la promoción “personalizada de cualquier servidor público”. Este artículo enumera y describe las violaciones a la Constitución en las que incurrió el gobernador de Jalisco (2007-2013) Emilio González Márquez, quien utilizó dinero público para la promoción de su imagen política.
