Análisis de contravención a lo señalado en el artículo 134 constitucional, al limitar la participación de licitaciones públicas, en determinadas legislaciones del ámbito estatal.
Descripción
Una de las principales funciones del Estado es proporcionar los servicios a la ciudadanía ya sea desde la Administración Pública Federal, Estatal o Municipal, motivo por el cual deben de allegarse de los bienes y servicios necesarios para el ejercicio de sus funciones, lo anterior para efectos de cumplir los objetivos y metas que tienen encomendados. La manera en que el gobierno ejerce su compra no debe de ser discrecional, sino que está regulado a través de lo establecido en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual señala que los recursos económicos que disponga la Federación, los Estados, los Municipios, el Distrito Federal y los Órganos Político – Administrativos de sus demarcaciones territoriales, se deben administrar con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez; señalando además que las adquisiciones se llevarán a cabo a través de Licitaciones Públicas, mediante convocatoria pública, para que libremente se presenten proposiciones solventes en sobre cerrado, que será abierto públicamente, a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.Conforme a lo señalado en el artículo 134, párrafo primero y tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en las licitaciones públicas se convoca a los participantes para que libremente presenten proposiciones solventes ya sea en sobre cerrado o por medios electrónicos, a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes. Lo anterior tiene un propósito de interés público, el cual consiste en el manejo de los recursos con eficiencia, eficacia y honradez a fin de asegurar las mejores condiciones de contratación para el Estado y satisfacer los objetivos a que estén destinados, salvaguardando con ello el espíritu de la ley de adquisiciones, toda vez que mientras más proveedores se disputan los contratos gubernamentales, habrá mayor “competencia” y por lo tanto cada uno de ellos ofrecerá productos de mayor calidad a un mejor precio.
Universidad Iberoamericana, León.