A nivel global existe una red de cooperación al desarrollo que se articula en aras del desarrollo de las naciones, estableciéndose cambios en las políticas de cooperación y ayuda al desarrollo, tanto de ideas como de prácticas. En términos globales, se ha llegado a un amplio consenso respecto a los objetivos de reducción de la pobreza y desarrollo social, denominados Objetivos de Desarrollo del Milenio, en el que se “pretende establecer una asociación global para el desarrollo, basada en acuerdos respecto a los principios y medios necesarios para alcanzar esos objetivos, en particular, respecto a la ayuda, la apertura comercial, la reducción de la deuda y el acceso a la tecnología” (Martínez y Sanahuja, 2009).
La OCDE afirma en su informe de 2010 que para que la ayuda sea eficaz, los donantes deben respetar las prioridades y los procesos de desarrollo del país socio, y utilizar los sistemas administrativos propios de los países beneficiarios para entregar la ayuda. Este planteamiento se convino de obligatorio cumplimiento en la Declaración de París, en 2001, en el marco de una estrategia para fortalecer la eficacia de la cooperación y la ayuda al desarrollo, estableciendo los criterios de armonización, apropiación, alineamiento, gestión basada en resultados y responsabilidad mutua. Y a diez años, en un estudio de la OCDE, en donde analizó la eficacia de la ayuda en 2008, solo el 45% de la ayuda dada a los 54 países en desarrollo estudiados utilizó los sistemas de administración financiera de esos países, debido a que a muchos donantes les parece demasiado arriesgado permitir que un país en desarrollo tenga pleno poder de decisión sobre lo que hace con el dinero recibido en ayuda. Sin embargo, se debe analizar las medidas que se podrían tomar para disminuir los riesgos que se perciben en el uso de los sistemas nacionales y los beneficios que a menudo no se comprenden: los beneficios institucionales a largo plazo.
