Description
La crisis económica mundial está provocando una crisis de los valores democráticos
en las sociedades del Norte cuando se trata de abordar el fenómeno migratorio.
Cada vez más los Estados de Europa y Estados Unidos ven en la migración un
asunto que se desecha cuando ya no es útil ni rentable y los derechos humanos de los
inmigrantes son sacrificados en el altar de la seguridad nacional, del orden público
y de la recesión económica. De esta manera, en nombre de su soberanía, los Estados
aplican políticas migratorias que atentan contra los derechos de las poblaciones
migrantes sujetas a deportación, negándoles el derecho básico a ser oído por un
juez independiente e imparcial. El objetivo de este artículo es mostrar que cuando
un Estado falla en su obligación de respetar y garantizar los derechos humanos,
se pueden activar los sistemas de protección internacional para revertir decisiones
estatales que responden a una política migratoria discriminatoria y contraria a la
dignidad humana.
