La reciente entrada en vigencia del Código Procesal Penal, constituye sin lugar a dudas un paso significativo en la lucha por alcanzar un verdadero Estado de Derecho, en donde al ciudadano sometido a proceso de le garanticen efectivamente los derechos que permitan hacerle frente a la imputación que se le hace. No se pueden abordar los principios que inspiren al nuevo régimen procesal, sin hacer necesaria referencia a los principios y garantías consignadas en la Carta Magna, la que como norma fundamental permite el desarrollo normativo de los mismos.
