En países capitalistas, uno de los resultados más conspicuos y escandalosos de la delincuencia organizada, el exceso de dinero, se erige como una sofocante trampa para ciertos comerciantes que sucumben ante la seducción de recibir dinero tan solo por prestar su imagen, sus instalaciones o su nombre mismo. El delito generador del recurso no necesariamente lo comete el comerciante, quien, en un principio, sólo se ve como el vehículo que facilita al delincuente la solución del problema de no saber qué hacer con sus recursos. En ese sentido, el problema social que conlleva el delito de Lavado de dinero o Legitimación de Capitales, como actividad asociada a la comisión de delitos graves, y en nuestra legislación relacionada únicamente al narcotráfico, afecta la estabilidad política, económica y social nicaragüense. El lavado de Dinero o Legitimación de Capitales se puede considerar como un “servicio de apoyo” que permite a los delincuentes disfrutar de los beneficios de sus negocios de manera “legal”, es decir, el dinero se lava para encubrir actividades delictivas asociadas con el tráfico de estupefacientes. En consecuencia el gran reto que enfrentamos los nicaragüenses consiste en fortalecer y perfeccionar el marco jurídico recientemente establecido para combatir este fenómeno, con la intención de impedir que Nicaragua sea utilizada por delincuentes organizados para el lavado de sus ganancias ilícitas, y con ello proteger la estabilidad e integridad de nuestra nación.
