Este artículo examina las normas de regulación crediticia de la actual Superintendencia de Bancos. Y lo hace tanto desde el punto de vista de las pequeñas y medianas empresas (PYMES), como del de las ONGs nacionales que canalizan préstamos a este importante sector de la economía nicaragüense. Su autor señala los efectos excluyentes que esas normas tienen sobre las PYMES y plantea la necesidad de elaborar, con la participación de las ONGs, un nuevo marco regulatorio que haga posible la democratización del crédito en el país.
