Estudio que centra su enfoque en el debido proceso, porque constituye un derecho fundamental de obligatorio cumplimiento para las actuaciones tanto judiciales como administrativas en la defensa de los derechos de los ciudadanos, razón por la cual deben ser respetadas las formas propias del respectivo proceso, con lo cual se garantiza la transparencia de las actuaciones de las autoridades públicas y el agotamiento de las etapas previamente determinadas por el ordenamiento jurídico.
