Descrição
Gobiernos nacionales en todo el mundo se han comprometido a contribuir con la conservación y al uso sostenible de la diversidad biológica, por ejemplo, a través de la Convención de las Naciones Unidas sobre Diversidad Biológica de 1992. Las áreas protegidas constituyen un elemento importante en los esfuerzos para cumplir con estos compromisos. No obstante, muchas veces la declaración de áreas protegidas se encuentra con la oposición local. Durante las últimas décadas la respuesta ha sido buscar el apoyo local para la conservación a través de proyectos que combinan ésta con esfuerzos de desarrollo. Las acciones llevadas a cabo por el gobierno de Nicaragua, en parte apoyado por Danida, de promover la conservación y el desarrollo de la Reserva Biológica Indio Maíz (RBIM) y su zona de amortiguamiento, en el municipio de El Castillo, son parte de estos esfuerzos. Sin embargo, a nivel mundial los resultados tanto con respecto al desarrollo como a la conservación están generando decepción.
Con base en una investigación colaborativa en El Castillo, llevada a cabo por investigadores nicaragüenses y daneses,1 este informe señala algunos problemas asociados a estas acciones de integrar objetivos de conservación y desarrollo. Entre éstos: Los esfuerzos orientados a generar apoyo local para la conservación a través de iniciativas de desarrollo, incluyendo incentivos económicos como los ensayos incipientes sobre pagos por servicios ambientales, tienden a llegar solamente a parte de la población. Muchas iniciativas que tratan de integrar conservación con desarrollo tienden a enfocar la atención hacia las necesidades de desarrollo y la conciencia ambiental de la población local. Pero frecuentemente son los actores externos y poderosos quienes poseen los intereses relacionados con la madera y con la tierra. Muchas áreas protegidas están ubicadas en zonas de frontera agrícola, las cuales tienden a ser caracterizadas por la ausencia de redes sociales extensas, confianza y seguridad. En tales áreas es poco probable que la población local ejerza el control social para asegurar la conservación y el uso sostenible de los recursos naturales, particularmente si la población local no puede contar con el respaldo consistente de las instituciones ambientales y de justicia.
