Propuesta de mejora para incrementar la efectividad en la aplicación de las medidas de protección por violencia familiar: caso Comisaría de Familia PNP – Canto Rey, 2020 – 2022

Abstract

La tutela de prevención, denominada “medidas de protección” constituye una importante herramienta temporal de carácter legal y de cumplimiento obligatorio por las partes, principalmente por el agresor. Es dictada por los juzgados de familia ante hechos de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, y se ejecuta bajo el control operativo de la Policía Nacional del Perú, en la mayoría de casos. Estas medidas, tienen como fin asegurar la vida e integridad del ser humano vulnerable frente a una conducta ilegal contraria a su voluntad. En nuestro país, ante una denuncia enmarcada dentro de los alcances de la Ley 30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, debe iniciar sistemáticamente la actuación de los operadores de justicia, como: el Poder Judicial y el Ministerio Público; así como, la acción funcional de las unidades especializadas de protección de familia de la PNP. Adicionalmente para fortalecer las políticas públicas se cuenta con el apoyo del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Esta Ley, el DL N° 1386 y otras normas impulsadas por cada entidad involucrada, significan un avance en la lucha estatal para neutralizar y mitigar los actos violentos que frecuentemente se producen en los entornos intrafamiliares como públicos. Sin embargo, la efectividad esperada de las medidas de protección está aún lejos de concretarse; debido a que, son reiterativas las ocasiones, en las cuales las personas “protegidas” por la justicia han sido nuevamente víctimas de sus agresores, quienes han terminado por quitarles la vida o afectarlas gravemente en su integridad física, psicológica y sexual. Al respecto, identificamos que la escasa efectividad de este mecanismo de protección radica, desde el punto de vista ejecutivo - operativo y de impacto final de salvaguarda a las víctimas en la falta de empatía, homogeneidad, nivel de colaboración y comunicación oportuna de los operadores de justicia a la Policía Nacional del Perú; los que, teniendo las herramientas necesarias, no lo realizan; exponiendo gravemente a las personas bajo cuidado.