La presente contribución se inserta en un contexto concreto: ¿qué Perú queremos en este bicentenario? Desde nuestra visión como abogados, un aspecto que consideramos que ha sido relegado es la falta de congruencia entre las políticas públicas con las que el Estado afronta un problema y los deberes que tiene como garante de los derechos fundamentales. En el pasado, casos como la política de esterilizaciones forzadas, la inexigibilidad de instrumentos de gestión ambiental, entre otros puntos, nos demuestran la clara brecha entre lo que el Estado se encuentra obligado a hacer y lo que realmente hace. Uno de los aspectos en los cuales esta brecha es más sensible, y tiene más efectos visibles, es la regulación de la actividad minera en la Amazonía. A causa de los desprendimientos de mineral generados en la Sierra, a lo largo de un lapso prolongado, los ríos de la Selva han venido acumulando en sus cauces una gran cantidad de minerales valiosos. Este fenómeno natural posibilitó el desarrollo de la actividad minera en los ríos de la región amazónica, promovida incluso en la década de 1980 para generar actividades económicas adicionales, como en el caso de Madre de Dios. Es un hecho real que, como consecuencia de la subida del precio del oro, y la construcción de la carretera Interoceánica, a partir del año 2000 el número de personas dedicadas a la actividad minera se incrementó drásticamente.