En el 2010, la ONU, estableció el acceso al agua potable y saneamiento como un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos en su resolución A/RES/64/292. En este contexto, México la aceptó comprometiéndose a incorporarla en su Constitución Política, lo que ocurrió en el 2012. Al realizar lo anterior se obligó a que, en un plazo de un año, el Congreso de la Unión emitiera una Ley General de Agua que regulara y estableciera las condiciones para garantizar este derecho a toda la población mexicana, acotara las diversas facultades para las tres esferas de gobierno y regulara la relación con la Iniciativa Privada.
