Descripción
Durante el período 1995-1999 el sistema educativo uruguayo se enfrentó a un cambio de rumbo. Lejos de ser una política incrementalista, la reforma educativa estuvo en manos de autoridades con perfil técnico, y fue precedida por una serie de estudios poblacionales y de costo-impacto. La presencia de un nuevo perfil cognoscitivo dentro del organismo encargado de implementarla, el CODICEN, provocó la respuesta de un actor racional como el funcionariado, actor ejecutante que, ni pasivo ni neutral en sus acciones, supo aprovechar ese nuevo escenario de zonas de incertidumbre, negociando su participación en la acción colectiva y ensanchando su libertad de acción frente al sistema.
