Desde su constitución (16 de abril de 2020), el propósito fundamental del Semillero de Investigación en Derecho Penitenciario ha sido intervenir en la violación sistemática y masiva de los Derechos Fundamentales de las personas privadas de la libertad. Desde una visión global, se ha pretendido desde este grupo académico utilizar herramientas a través de las cuales el Derecho puede contribuir a la protección de este grupo vulnerable y marginal de la sociedad colombiana. En el marco del cumplimiento de nuestro propósito, el semillero en Derecho Penitenciario decidió ir más allá de las actividades académicas y empezar a intervenir de manera directa, acudiendo a las cárceles y penitenciarias a realizar tanto capacitaciones como brigadas
jurídicas. Desde la primera de estas actividades fue evidente para los estudiantes participantes que muchas de las consultas realizadas por las Personas Privadas de la Libertad -en adelante PPL-, no se podían responder únicamente con lo que se aprendía en el marco de la carrera en Derecho, pues aspectos como la acumulación de penas, la libertad condicional, los
mecanismos sustitutivos de la pena, entre otros temas penitenciarios; no son enseñados de fondo en las clases.
Esta situación se agravó con la expedición de la Ley 2292 de 2023, pues como semillero asumimos el compromiso de divulgarla y aplicarla a lo largo y ancho del país; sin embargo, debido a su carácter novedoso, los estudiantes no contaban con las herramientas suficientes para atender adecuadamente a una PPL que deseaba saber si el beneficio consagrado allí le
aplicaba. Debido a lo anterior, era necesaria la elaboración un documento guía que apoyara a los estudiantes que realizaran brigadas jurídicas en cárceles, de tal forma que pudiesen asesorar de forma completa y correcta a una PPL.