La protesta social es un derecho fundamental consagrado en el artículo 37 de la Constitución Política de Colombia. Es un instrumento constitucionalmente legítimo de reivindicación de los derechos humanos, por lo que representa símbolo de resistencia civil por la población menos favorecida por el Estado, o aquellas personas que no se encuentran conformes con las políticas del mismo.
El Paro Nacional en Colombia marca un antes y un después en la historia de la protesta social no sólo por su magnitud, sino por haber estado protagonizado principalmente en una escala inédita por jóvenes. Las protestas fueron un espacio en el que se expresó la insatisfacción que tienen muchos jóvenes a nivel de educación, salud y oportunidades laborales. Pero, además, el malestar social que compartían muchas personas y al que el paro sirvió de escenario, se vio exacerbado y profundizado por la violencia estatal de que fueron objeto; la Policía Nacional con los Escuadrones Móviles Antidisturbios (ESMAD) a la cabeza, a quienes se unió luego en varias circunstancias el Ejército Nacional, interviniendo con un uso de la fuerza que puede catalogarse de excesivo en el control y manejo de las protestas.
En Colombia, La protesta social ha sido símbolo de resistencia civil poco aceptada por los organismos estatales, pues los escenarios en los que se desarrolla una manifestación terminan siendo violentos generando afectaciones en el orden público y la garantía de otros derechos que puedan ser vulnerados. Teniendo en contexto la situación presentada en el Paro Nacional y las recomendaciones establecidas por el CIDH, este estudio busca analizar el alcance de las recomendaciones emanadas de la CIDH en el marco de la protesta social en Colombia, donde se busca explicar las ventajas y desventajas del sistema de derechos humanos como mediador y protector los derechos humanos universales, exponiendo a su vez, las violaciones cometidas en Colombia por parte de la Fuerza Pública durante las protestas sociales del 2015-2021.