Descripción
Esta investigación aborda de manera sistemática la configuración del marco jurídico-institucional minero partiendo de un recorrido por los principales hitos en la evolución del marco jurídico minero hasta la reciente política minera. A partir del año 2011, el Estado venezolano redimensiona su política de extractivismo, influenciado por la crisis económica del país, la caída de los precios del barril de petróleo, el incremento exponencial del precio del oro, agravado por las álgidas condiciones políticas. En este contexto, estructura una política extractiva minera, la cual inicia con la reserva de las actividades primarias, conexas y auxiliares al aprovechamiento del oro y otros elementos estratégicos, así como la definición de una política para regular la minería, en la cual se evidencia la prevalencia de lo tributario sobre lo social y lo ambiental. Entre los hallazgos, resaltan los incentivos para regularizar la actividad minera, la declaración de áreas para uso minero, la definición de pequeña minería, el Registro Único Minero – RUM, la suscripción de alianzas estratégicas para desarrollar la actividad minera, la creación de una instancia ministerial, del Consejo Popular Minero y la conformación de un Fondo Social Minero. Sin embargo, ante la masificación y la intensificación de la actividad minera, se plantean importantes retos a atender, como el incremento de improvisados asentamientos sin cobertura de sus necesidades básicas, el aumento de los casos de enfermedades endémicas, la lucha por el control de las áreas mineras por grupos irregulares, la constricción en la diversificación económica, el incremento de las áreas deforestadas y afectación de la biodiversidad y la ausencia de información oficial sobre el alcance de la política minera.
