Este trabajo identifica un vacío en el ordenamiento jurídico colombiano en la delimitación del contenido de la obligación del Estado en la construcción de la memoria histórica. A partir de reflexiones interdisciplinarias se propone una interpretación según la cual el Estado tiene una obligación éticamente comprometida con las víctimas. Tradicionalmente las voces de las víctimas han sido invisibilizadas en los discursos que se han construido sobre la historia nacional, dado que la memoria es un campo político en el cual compiten múltiples actores con diferentes recursos económicos y políticos. El Estado debe intervenir activamente para contrarrestar esa situación.