El presente trabajo cuestiona la idoneidad de la consulta previa, como mecanismo eficaz para la protección de las Comunidades. Se busca realizar una discusión acerca de las obligaciones en cabeza del Estado Colombiano bajo este mecanismo y la eventual responsabilidad del mismo frente a la indebida aplicación de la consulta previa.
Se planteará la necesidad de una modificación al mecanismo de consulta previa como se encuentra regulado actualmente en Colombia, analizando no solo su aplicación jurídica sino los costos y tiempos injustificados que se presentan en muchas consultas y que hace necesario una regulación diferente.