Glifosato : una perspectiva crítica desde los regímenes internacionales, frente al derecho a la salud de los niños y la política de drogas de Iván Duque

Abstract

Los cultivos de uso ilícito y su comercialización han sido ampliamente reconocidos como un problema de seguridad. Por tal razón, el Estado colombiano ha luchado en contra de ellos haciendo uso de estrategias clásicas y poco efectivas como lo son las aspersiones con glifosato. Recientemente, el problema de las drogas, pero sobre todo el uso del glifosato para su control, se ha trasladado de una discusión securitaria al ámbito de los Derechos Humanos, por la violación que podría implicar el uso de este herbicida. Ciertamente el Estado colombiano ha sido muy persistente en combatir los cultivos, especialmente de coca, a través de esta estrategia. No obstante, las aspersiones tuvieron que parar en 2015 cuando se demostró que el herbicida era potencialmente cancerígeno, y por tanto violaba el derecho a la salud. Desafortunadamente los cultivos de coca no han disminuido al interior del territorio colombiano, por lo que la discusión sobre el uso del herbicida ha vuelto a estar sobre la mesa. Para el gobierno del presidente de Iván Duque, el uso del glifosato es la mejor opción para combatir no solo los cultivos de uso ilícito, sino también el narcotráfico. Por tal razón, está investigación analiza las intenciones del actual gobierno colombiano, de reactivar las fumigaciones con glifosato, a través de los regímenes internacionales que defienden los derechos humanos de los niños, con especial énfasis en el derecho a la salud. Esto constituye una nueva visión para la comprensión del uso del glifosato y las razones por las que definitivamente no debería tenerse como una opción en la erradicación de cultivos ilícitos, pues los derechos de los niños gozan de una especial protección constitucional. Es importante recordar que el bloque constitucional colombiano, está compuesto también por los regímenes internacionales y por tanto toda norma al interior del Estado debe expedirse conforme a lo previsto en dichos tratados internacionales. Es decir, en este caso, en función de la protección del derecho a la salud de los niños.