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Existe un fuerte debate en Colombia en torno a la reforma de la acción de tutela, la cual se ha consolidado como un procedimiento constitucional para la protección de los derechos fundamentales. La lucha o debate tiene que ver especialmente con el significado de lo que se ha denominado como derechos constitucionales fundamentales. Algunos sostienen que estos derechos son exclusivamente los civiles y políticos que se han establecido en la Constitución colombiana. Otros dicen que la protección de los derechos fundamentales incluye a los llamados económicos, sociales y culturales. Resulta interesante notar que la posición actual del gobierno la cual es la primera mencionada mientras que la Corte Constitucional se acerca más a la segunda de estas interpretaciones. El debate se ha venido dando con argumentos jurídicos y políticos. Esta lucha no es algo exclusivo del contexto colombiano ya que una rápida mirada al panorama internacional en el área de los debates en torno a los derechos humanos, nos muestra que la lucha dada en el contexto internacional se dirige a la unificación del concepto derechos humanos. La razón para la existencia de esta división entre derechos civiles y políticos de un lado y económicos, sociales y culturales del otro, aparece como un factor eminentemente político y no tanto legal. No obstante, en ambos contextos la lucha es peleada con argumentos jurídicos y políticos mostrando que resulta inconveniente argumentar sólo desde uno de los dos campos.
