La consolidación del deporte como pilar de la sociedad en sus diversas manifestaciones, ha trascendido hasta obtener reconocimiento como derecho dentro del ordenamiento jurídico colombiano. Los cimientos erigidos por el artículo 52 de la Constitución Política de 1991, hasta el carácter polisémico y de derecho fundamental autónomo otorgado por la Corte Constitucional, son incentivos para propender por la adopción de un enfoque interseccional en la Política Pública Nacional del Deporte, que permita promover programas deportivos en favor de poblaciones históricamente discriminadas, como las personas víctimas del conflicto armado en situación de discapacidad.