El desarrollo de la actividad minera genera tensiones entre los intereses del nivel central del Estado y las entidades territoriales locales sobre las que recaen las consecuencias ambientales, sociales y culturales de la extracción. Esto ha traído un debate jurídico sobre la prevalencia entre los principios del Estado unitario y la utilidad pública e interés social de la industria minera de una parte y, de otra, la autonomía territorial y la utilidad pública e interés social del medio ambiente. Este artículo de reflexión esclarece el papel que desempeñan las entidades territoriales en la adopción de decisiones relacionadas con la actividad minera, a partir del análisis de los desarrollos reglamentarios, legales, constitucionales y jurisprudenciales sobre la materia. Esto evidencia que las autoridades territoriales cuentan con varias herramientas jurídicas que les permiten y en algunos casos les imponen el deber de participar de manera activa y eficaz en la adopción de autorizaciones para llevar a cabo las actividades mineras en su jurisdicción, lo cual se ajusta con los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad.
