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Mediante la ley 1826 del 2017, la cual empezó a regir a mediados del mismo año, se implementó en Colombia el proceso especial abreviado y la figura del acusador privado. Lo anterior, suscita un cambio importante en los principios del proceso penal colombiano, dado que ya no sólo será la Fiscalía General de la Nación quien ejerce la acción penal, sino también las víctimas y las autoridades que la ley faculte para ello. En este trabajo de grado se analizarán los posibles efectos de la figura del acusador privado y algunos ordenamientos jurídicos que inspiraron su implementación en el ordenamiento colombiano.