Mediante el Decreto 01 de 1990, la legislación colombiana facultó al Gobierno Nacional para reglamentar, y por esta vía hacer exigible, un seguro de obligatorio de responsabilidad civil contractual y extracontractual para el transportador de carga terrestre. Sin embargo, casi tres décadas después, la norma no ha sido implementada por el Ejecutivo. Con auxilio de las herramientas del análisis económico del derecho, puntualmente de las nociones desarrolladas por Kaldor y Hicks, este texto se propone examinar la eficiencia de tal imposición, haciendo un recorrido transversal sobre el contrato de transporte, el contrato de seguro y el régimen de responsabilidad del transportador.