La población civil colombiana ha estado expuesta al fuego cruzado de los grupos armados y sometida a graves afectaciones a sus derechos fundamentales. Estas violaciones sistemáticas no han sido simples daños colaterales: incluir a la población civil en las lógicas del conflicto ha sido una estrategia exitosa tanto para las guerrillas, como para los grupos paramilitares y las fuerzas militares del Estado. El desplazamiento forzado, la tortura y la violencia sexual, entre otros, más que consecuencias de la guerra, han sido, en muchas ocasiones, mecanismos para garantizar el control social y territorial. Ahora bien, entre 1985 y el 2006, la Unidad de Víctimas registró más de diecinueve mil delitos contra la libertad y la integridad sexual en el desarrollo del conflicto armado. Asimismo, Amnistía Internacional ha identificado la violencia sexual como un patrón recurrente entre los grupos paramilitares colombianos. Una de las figuras más relevantes y temidas entre los exjefes paramilitares es Hernán Giraldo, y entre sus crímenes más conocidos se destaca la violencia sexual perpetrada por él y sus subalternos. Los embarazos forzados de niñas y adolescentes resaltan en su repertorio de acción desde 1982, en las regiones donde éste ejercía poder. Esta investigación analiza entonces la permanencia y reproducción de la violencia reproductiva, en el caso de Giraldo, a la luz del poder, el dominio y los mecanismos de control.