Las movilizaciones sociales vividas en Colombia durante los años 2019, 2020 y 2021 enfrentaron la violencia promovida por un gobierno que no estuvo interesado en escuchar las demandas de la ciudadanía. En este contexto el Obispado Castrense de Colombia jugo un papel fundamental desde la acción pastoral que realiza con la fuerza pública, encargada de ejercer la violencia estatal y fungió como un aparato ideológico de Estado encargándose de respaldar la contención violenta de las manifestaciones valiéndose de diversas prácticas religiosas. A partir de ello fomentó una imagen de dios coherente con la violencia de Estado y construyó desde sus prácticas un efecto de realidad que reforzó la estigmatización de las protestas promovida por el mismo gobierno. Todo esto fue posible gracias a la representación del uniformado como héroe sacrificado que debía entregarse en las protestas. Representación creada por medio de propaganda y de rituales religiosos que apelaban a la emotividad de los uniformados.