La presente investigación pretende demostrar que las actividades que en la actualidad desarrolla el Obispado Castrense de Colombia tienen carácter inconstitucional. Para el efecto, el artículo analiza la historia de la relación Iglesia-Estado en Colombia, ahondando particularmente en el ámbito del Obispado Castrense, y la viabilidad jurídica de dicha institución a la luz de la Constitución Política de 1991. Para ello, se contrasta la posición planteada por la Corte Constitucional sobre la constitucionalidad del Obispado Castrense con la justificación jurídica que la misma vicaría Castrense y el Ministerio de Defensa Nacional dan a la existencia y funcionamiento de la mencionada institución actualmente. Todo esto para concluir que hoy día el Obispado Castrense ejerce actividades en Colombia en desmedro de nuestra Carta política, como si Colombia fuese un Estado de corte confesional, por cuanto el Estado ha hecho caso omiso de lo dicho por la Corte Constitucional. Adicionalmente, se constata que el Obispado Castrense goza de ciertas prerrogativas por parte del Estado colombiano, contrariándose de esta manera el Estado Laico y pluralista consagrado en la Constitución.