La Política de Seguridad y Defensa del Estado Colombiano no protege el interés nacional plasmado en el preámbulo de la Constitución política de 1991, dado que responde a dinámicas de conflictos internos que si bien ponen en riesgo la seguridad del gobierno, en ningún momento pone en riesgo de existencia al Estado, dejando abierto un vacío de poder que ha sido llenado tanto por los grupos insurgentes como por intereses de actores externos, además la Política de Seguridad y Defensa en Colombia responde a intereses de otros Estados, obligando a las Fuerzas Militares a actuar como un ejército privado protegido por un entramado institucional que desvía la toma de decisiones y de acciones hacia el ejecutivo que piensa y funciona como actor político y no estatal, por lo que la misión de las Fuerzas Militares ha sido desviada y confundida con objetivos y funciones de carácter policial.