En Colombia, la corte constitucional aboga por los colegios y su decisión de no estar obligados a conservar a todo estudiante que en reiteradas ocasiones reincida en indisciplina, bajo rendimiento académico, agresión, daño al plantel o a terceros entre otros factores, como se contempla en la sentencia T-671/03. A pesar de que dichas directrices legales se presentaron y aprobaron en pro de la educación y su esperada mejora progresiva, las poblaciones estudiantiles involucradas parecen estar siendo aisladas y excluidas de las entidades educativas sin garantía alguna de acompañamiento o resolución de problemáticas, generando una crisis que aborda el plano individual del estudiante y se proyecta a lo colectivo, trascendiendo los márgenes del sistema educativo nacional mientras dichas problemáticas se extrapolan a la sociedad. A partir de lo anteriormente mencionado, emerge el objetivo general de esta investigación: buscar la voz de quienes desempeñan roles institucionales propios del modelo educativo tradicional y asumen el manejo de la resolución de problemas y sus causas en el ambiente escolar. Los resultados dieron cuenta de que varios tipos de conflicto como el acoso en redes sociales y la agresión física se posicionan sobre otros tipos de problemáticas, de una mayor presencia de orientadores que de psicólogos educativos en entidades educativas públicas, de estructuras y mecanismos sólidos consignados en los manuales de convivencia obedeciendo a las leyes de educación para hacer frente a las situaciones problema entre otros.