Descripción
Esta investigación tiene por objeto mostrar los diferentes argumentos que ha usado la jurisprudencia para inclinar la balanza hacia la protección de los recursos naturales sobre los derechos de los particulares en el marco de las relaciones del Estado con las actividades extractivas de minas e hidrocarburos. Esto es de gran importancia en el momento, ya que está surgiendo un debate en el país en cuanto al crecimiento de una inseguridad jurídica, puesto que, en algunos casos, están coincidiendo áreas de explotación, con posteriores declaraciones de áreas protegidas, en las cuales está prohibida cualquier tipo de actividad extractiva. Así entonces, se analizarán diferentes sentencias que han consolidado las bases para demostrar que debe prevalecer el interés público sobre la supuesta consolidación de unos derechos adquiridos por parte de los concesionarios mineros. Igualmente, se expondrán algunas de las problemáticas imperantes en la actualidad, ya que, a pesar que la biodiversidad en Colombia se debe proteger, es evidente que el país no está entregando una certeza clara a los inversionistas y más si se ha mostrado como un país atractivo para invertir en este sector.