El sistema penal/punitivo moderno se ha convertido en el principal instrumento de control social en detrimento de otra suerte de jurisdicciones como la civil, la comercial, la disciplinaria, la fiscal entre otras, en la medida que se evidencia una tendencia donde la misma sociedad lo considera como el único mecanismo capaz de salvaguardar un bien jurídico que se ha vulnerado, tendencia que va en clara contravia con el principio de intervención minima. En este sentido, el legislador en su afán por regular las situaciones coyunturales que afectan las relaciones sociales, decide agravar las penas existentes y/o crear nuevos tipos penales, medidas que hasta el momento no han mostrado resultados en términos de una verdadera disminución de las conductas delictivas, sino que por el contrario, la situación no cambia o, en el peor de los casos, hay una tendencia hacia el aumento.