Con la Constitución Política de 1991 en Colombia se adoptó el modelo político de Estado social de Derecho y el reconocimiento de los derechos fundamentales o derechos sociales. Este artículo tiene por objetivo, revisar y analizar como el uso de la acción de tutela con miras a garantizar el derecho a la salud, se incrementó considerablemente durante la primera década de la vigencia de la Constitución, situación que se ha mantenido en los últimos años, como consecuencia de las falencias y debilidades del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) establecido por la Ley 100 de 1993. Situación que ha generado un impacto económico en las finanzas públicas, además de la división dogmática al interior del país, por lo que se conoce como activismo de la Corte Constitucional, de cara a las decisiones y órdenes impartidas, con contenido económico y presupuestal