| dc.description.abstract | La corrupción es uno de los problemas que incomodan actualmente a nuestro País, involucrando al sector público, al privado y a la ciudadanía en general. Dichas prácticas corruptas impiden cumplir con los principios, objetivos y obligaciones establecidos en el Estado Social de Derecho, toda vez que los recursos, capitales, bienes y servicios destinados a los intereses de toda la población, son concentrados en el favorecimiento de intereses particulares.
El actual Gobierno del presidente Juan Manuel Santos (2018), ha impulsado puntualmente sobre este tema la Ley 1474 de 2011 “Estatuto Anticorrupción” como una de las medidas encaminadas, a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública mediante el cual se creó la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente (CCE), para generar políticas claras y unificadas en materia de contratación pública, creando un establecimiento en gestión contractual pública, el cual colaborara activamente en la mitigación de riesgo de corrupción en la inversión de los recursos públicos.
Sin embargo, los niveles de corrupción en materia contractual no parecen haber disminuido en la realidad nacional, lo que conlleva a cuestionar la utilidad de la medida. De acuerdo con lo anterior, el presente trabajo de investigación propone el desarrollo de un análisis crítico del Decreto Ley 4170 de 2011, bajo los lineamientos del derecho económico, tomando como base el postulado de eficiencia, desarrollado por importantes autores, tales como Richard Posner, Wilfredo Pareto y Kaldor-Hicks, con el objeto de establecer las ventajas y desventajas que ha representado esta ley desde su publicación; además, determinar cuál ha sido el impacto producido en la lucha contra la corrupción | spa |
