Description
La ley 975 del 2005, resultado de la negociación entre el gobierno y las fuerzas paramilitares; y más conocida como ley de justicia y paz, trajo consigo el desarme de uno de los actores más sangrientos del conflicto armado colombiano. Pese a lo avanzado que parecía ser tal negociación y sus logros, entre ellos el establecimiento de la versión libre como mecanismo para alcanzar la verdad de lo sucedido; la implementación de estas, dejaron ver que existe una falta de sincronización entre las voluntades de los victimarios y los procesos gubernamentales, lo que afecta el proceso de reparación requerido por las víctimas.
El caso de Hebert Veloza, se presenta como uno de los más paradójicos dado su interés de colaborar con los órganos judiciales y la dificultad de llevar un proceso continuo luego de su extradición. Lo que refleja que la voluntad de reparar de quienes fueron victimarios, debiera estar, tal vez más sincronizada con la toma de decisiones del gobierno.