Los programas sociales del Estado enfocados a la población en condición de desplazamiento requieren medidas normativas ajustadas en lo referente a la generación de actos administrativos y la notificación de estos, toda vez que el CPACA se aplica en la materia sin distinción alguna de las particularidades asociadas a la localización y lugar de habitación en relación con el conflicto interno colombiano y el desplazamiento.
Es necesario que toda institución pública lleve un registro juicioso tanto de sus acciones administrativas como de las efectivas notificaciones de estas. Esta información es de suma importancia para medir el limbo jurídico posible que pueda generar un programa o proyecto social y así actuar en su mitigación, reducción y/o adecuación normativa.
El marco normativo de los programas sociales requiere una articulación trasversal entre el derecho, las problemáticas sociales y la experticia técnica del estado, con objeto de anticipar situaciones y planificar estrategias que permitan evitar condiciones que, aunque no se busquen trasgredan a la ciudadanía y al estado mismo en su operación y garantía de derechos.