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La restricción de los derechos políticos en Colombia por autoridades administrativas de control a la luz del Artículo 23 del pacto de San José de Costa Rica (efectos de las decisiones de Procuraduría general y Contraloría general en el acceso y permanencia en cargos públicos)
El presente artículo de investigación analiza la aparente contradicción que existe entre las normas de la Constitución Política de Colombia y el artículo 23 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, respecto de la procedencia de restringir derechos políticos por parte de organismos que no cuentan con facultades jurisdiccionales, como lo son los órganos de control disciplinario y fiscal.
En el mismo se analizan los diferentes instrumentos o formas de integración de la normatividad colombiana para establecer que ley es aplicable a cada caso en concreto, y si la aplicación o falta de ella implica que el Estado colombiano contraría alguna normativa de derecho internacional o incluso algún tratado del cual es parte.
Expone la definición de derechos políticos contenida en la Convención Interamericana de Derechos Humanos, la presencia de Colombia en el Sistema Interamericano y la adecuación de dichos derechos en el territorio nacional. Analiza el concepto del Bloque de Constitucionalidad y estudia si los derechos de acceso a la Función Pública, respecto de los servidores públicos de toda índole, son susceptibles de afectarse por autoridades no jurisdiccionales como en concreto lo son la Procuraduría General de la Nación en ejercicio de su función de control disciplinario y los órganos de control fiscal como la Contraloría General de la República en ejercicio de su función de control fiscal y de imposición de responsabilidad fiscal.