Al cumplir la Constitución de 1991 veinte años de vigencia, ordenando los poderes políticos y derechos de los ciudadanos en Colombia, se despiertan inquietudes sobre sus efectos y resultados en el comportamiento económico, político y social de nuestro país. El primer artículo define al país como un Estado social de derecho organizado en forma de república unitaria, descentralizada y con autonomía de sus entes territoriales. Se buscaba satisfacer las necesidades básicas de la población extendiendo la autonomía al campo fiscal, permitiendo el manejo de recurso por parte de los gobiernos territoriales. En este estudio se pretende demostrar cómo la autonomía fiscal otorgada por la Carta Magna, ha perdido espacio mediante constantes reformas que gradualmente concentran en el Gobierno Nacional Central (GNC) la mayor maniobrabilidad en el manejo de recursos públicos, mejorando marginalmente la situación social de nuestro territorio.
