Aborda las prácticas realizadas por las personas empresarias, para bloquear y/o limitar el derecho de libertad sindical de los y las trabajadoras, las consecuencias económicas para la empresa y la intervención del Estado a través de sus instituciones; con el propósito de despertar una alerta en el Ministerio del Trabajo como órgano rector de las relaciones laborales para mejorar su labor fiscalizadora y así garantizar el respeto al derecho de sindicación y también alertar a las personas empleadoras que realizan prácticas fraudulentas en el afán de impedir la constitución de sindicatos, desintegrar los existentes en sus empresas o incluso cooptarlos.