La procuración de justicia: el talón de Aquiles del Estado de derecho en México
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En México ser un delincuente no siempre tiene consecuencias penales porque los ministerios públicos son incapaces de garantizar la investigación efectiva de los delitos. En un amplio porcentaje de casos, la institución se ha mostrado incapaz de resolver delitos como el robo a casa-habitación, el secuestro, las desapariciones o el asesinato. En México se vive en la impunidad y es importante señalar responsables. No hacerlo, nos impide identificar el problema y resolverlo. Hay muchos responsables: a) las policías sin profesionalización, cuyo actuar no favorece la investigación efectiva de los delitos; b) los ministerios públicos locales y federal sin formación adecuada para el cargo que ocupan; c) los legisladores y el ejecutivo que no se proponen una reforma en serio al sistema de justicia; d) los partidos políticos que no sancionan con la expulsión a sus miembros por estar vinculados con la delincuencia organizada. En este análisis me centro únicamente en un responsable: los representantes políticos, en particular, los encargados de cambiar las reglas del juego con las que opera el sistema de procuración de justicia: legisladores y ejecutivo. ¿Qué acciones se deben implementar para evitar casos como Ayotzinapa or Tlatlaya? Se debe plantear una reforma a fondo al sistema de procuración justicia si queremos contar con un ministerio público que fortalezca el Estado de derecho.In Mexico, to be a criminal does not always imply to be sanctioned because public prosecutor’s offices are incapable of investigating crimes. Most of the times the institution has shown powerless to develop an investigation and solve crimes such as house robbery, kidnapping, forced disappearances or murdering. Impunity in Mexico is high and it is important to point a responsible. Not to do so, prevent us from identifying and solving the problem. Many are responsible of the current situation: a) unprofessional police officers, whose behavior do not favor an effective investigation of crimes; b) federal and local public prosecutor’s offices without members with an adequate professional profile; c) representatives that do not want to legislate a serious reform to the justice system; and d) political parties that do not ban their members when they have ties with organized crime. In this analysis, I focus on one responsible: political representatives, in particular, those in charge of changing the rules of game of the prosecution services in Mexico: legislators and the Executive. What actions should be implemented to avoid cases such as Ayotzinapa or Tlatlaya? A deep reform to the prosecution services needs to be unfolded if we want to account with a public prosecutors that fosters the rule of law.