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La conservación de la biodiversidad como objeto de la política pública es compleja, no solo por la multiplicidad de sus componentes, sino por lo intangible de la variabilidad entre ellos. El reto es aún mayor cuando —como en el estado mexicano— los diseños institucionales en que se implementa la política ambiental, distribuyen la atención de los asuntos relativos a una misma materia entre diversos órdenes y órganos de gobierno.
La conservación de la biodiversidad y, en particular, aquella que requiere efectuarse in situ, demanda de un fuerte anclaje con el territorio, cuya gestión habitualmente es competencia de los municipios. Sin embargo, en el caso mexicano, han sido muy limitadas las funciones que, para la conservación de la diversidad biológica, se le han asignado explícitamente a los gobiernos municipales en las leyes generales emitidas por el congreso federal. No obstante, la autonomía normativa reconocida a los municipios en el artículo 115, fracción II, constitucional, encarna una interesante área de oportunidad para la inclusión de la conservación de la biodiversidad en la agenda política municipal.
En este documento se analizan las políticas públicas implementadas en el municipio de León, Guanajuato, en la administración 2012 – 2015, que centraron su interés en la conservación de la biodiversidad desde lo local, pero no por la vía de la descentralización de funciones previamente ejercidas por otros órdenes de gobierno, sino a través de la identificación de necesidades sociales y medioambientales locales, que llevaron a ese municipio a construir una agenda política propia y al consecuente diseño e implementación de normas y políticas públicas particulares.
